Convocatoria a altos cargos fiscales por parte del Tribunal Supremo
El juez Ángel Hurtado, perteneciente al Tribunal Supremo, ha programado para el 16 de enero la declaración como testigos de dos figuras clave dentro del ámbito fiscal de Madrid: Almudena Lastra, quien ocupa el cargo de fiscal superior en Madrid, y Julián Salto, encargado de los asuntos relacionados con delitos económicos. Estas declaraciones se enmarcan dentro de la investigación dirigida contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, implicado en una supuesta filtración de información confidencial, acusación realizada por Alberto González Amador, compañero sentimental de la dirigente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Diligencias del caso y participación significativa
Asimismo, se ha dispuesto la comparecencia de los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid para el 21 de enero. Esto con el objetivo de esclarecer los detalles comunicacionales sucedidos en la noche previa al 14 de marzo, justo antes de liberar una nota de prensa que expuso una serie de intercambios de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y Salto. Dicha nota de prensa buscaba aclarar ciertas inexactitudes divulgadas por los medios.
Estas citaciones se han establecido después de revisar informes provenientes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que incluían análisis de documentos incautados en registros realizados en las oficinas de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. Se suma a esto un informe sobre el contenido de un teléfono móvil facilitado voluntariamente por Juan Lobato, exlíder socialista madrileño, tras su testimonio.
Antecedentes y motivo de investigación
La investigación se origina tras la querella presentada por el compañero de Díaz Ayuso, que fue motivada por un comunicado emitido por la Fiscalía el 14 de marzo, donde se detallaba el intercambio de correos entre su defensa y el fiscal Salto. Este comunicado intentaba desmentir informaciones erróneas difundidas por la prensa. No obstante, la revisión del caso por el Supremo, iniciada el 16 de octubre, permitió discernir que la publicación de dicha nota no constituía delito dado que la información ya había sido divulgada previamente. La investigación se centra entonces en la filtración de estos correos electrónicos a los medios.