La preocupante advertencia de Ayuso contra el Gobierno Nacional
Isabel Díaz Ayuso, al frente de la Comunidad de Madrid, ha señalado directamente al gobierno actual, encabezado por Sánchez, como un opositor inesperado y probablemente uno de los más grandes adversarios que enfrenta España en la actualidad.
Un balance de gestión con metas cumplidas
En una presentación realizada desde la Real Casa de Correos, Ayuso ha compartido los logros de su gobierno, afirmando que el 93% de sus promesas electorales ya se están ejecutando o se han cumplido, en un claro contraste con lo que ella describe como políticas basadas en mentiras o cambios de postura que caraterizan a otros gobiernos.
La honestidad y compromiso de Madrid
Según Ayuso, su gobierno se distingue por mantenerse leal a sus promesas, evitando acuerdos contraproducentes y protegiendo la esencia de Madrid y su contribución a España, enmarcándose en la defensa del estado de derecho, la libertad y fomentando un entorno de progreso y calidad en los servicios públicos.
Defensa de la realidad frente a la adversidad
Para la presidenta madrileña, enfrentar las verdades y realidades actuales es crucial, más aun cuando el país se ve asediado por desafíos tanto históricos como nuevos, siendo el más alarmante la propia gestión gubernamental de Sánchez, cuyas políticas, a su parecer, socavan los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Ante un futuro desafiante
Los actos y cifras sustentan la posición de Ayuso y su gobierno, desmontando lo que ella considera narrativas perjudiciales, propagadas por nacionalistas y sectores de extrema izquierda. La dirigente subraya la importancia de prepararse para un 2025 lleno de falsedades y ataques hacia los valores nacionales.
La crítica hacia la “venta” de la política nacional
Ayuso critica las intenciones de Sánchez y su gobierno de mantener el poder a toda costa, incluso menospreciando los intereses españoles con su inclinación hacia pactos incongruentes y políticas que considera perjudiciales para Madrid y, por extensión, para toda España. Esta situación, advierte, podría llevar a la imputación de colaboradores cercanos al gobierno, incluido el Fiscal General del Estado, algo sin precedentes en democracias establecidas.