En el contexto del llamado ‘caso Koldo’, el juez supremo encargado del mismo, Leopoldo Puente, ha dispuesto que Víctor de Aldama, implicado empresarialmente en el caso, no pueda abandonar el territorio nacional, además de ordenar la confiscación de su pasaporte y exigirle que se presente en la Secretaría de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cada quince días.
Esta continuidad en las medidas restrictivas, iniciadas en febrero por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, se fundamenta en el fortalecimiento de los indicios delictivos tras la declaración prestada por Aldama, según detalla un auto citado por Europa Press.
Después de interrogar a Aldama por tres horas acerca de posibles adjudicaciones irregulares en obras públicas, se ha consolidado la base de la acusación, incluyendo el testimonio de Aldama sobre el pago de comisiones ilegales, que oscilan entre 3,5 y 4 millones de euros, relacionadas con dichas adjudicaciones. Estas comisiones, según Aldama, fueron compartidas con figuras políticas notables y el propio PSOE.
Aldama también reafirmó declaraciones previas respecto a ciertas transacciones inmobiliarias efectuadas como favor a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, reforzando así las pruebas contra él y otros implicados.
Respuesta a las Demandas de Fiscalía y la Acusación Popular
Ante la Fiscalía y el Partido Popular, ejerciendo como acusación popular, el magistrado Puente ratificó las medidas cautelares sugeridas sin optar por la prisión preventiva, una decisión que la defensa de De Aldama aceptó. El magistrado argumentó que estas medidas son esenciales y proporcionadas para prevenir cualquier intento de fuga y garantizar la comparecencia de Aldama ante la justicia.
El magistrado también indicó que el incumplimiento de estas obligaciones podría resultar en prisión preventiva para Aldama, recordando que este ya estuvo encarcelado temporalmente por otra causa investigada por el juez Santiago Pedraz, también de la Audiencia Nacional, relacionada con un esquema de fraude de hidrocarburos.