Análisis exhaustivo de los contratos viales despeja dudas

El Departamento de Transportes ha concluido, tras un detallado escrutinio, que las acusaciones de irregularidades en las asignaciones y contratos de infraestructuras viales apuntadas por Víctor de Aldama, quien es señalado como intermediario clave en el denominado ‘caso Koldo’, no se sostienen. Este señalamiento fue hecho mediante un documento extenso remitido al Tribunal Supremo (TS), en el cual se adjuntaba importante documentación.

Dicha conclusión se extrajo de un riguroso informe de 42 páginas, avalado por la autoridad de Óscar Puente, Ministro de Transportes, generado como respuesta a las acusaciones de irregularidades en los procedimientos de licitación y asignación de proyectos relacionados con la Dirección General de Carreteras, proporcionada por De Aldama. El informe desglosa y aclara las acusaciones punto por punto.

En el documento aportado por el empresario, que incluye 75 páginas y diversos anexos, se destacan inversiones asignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y proyectos concernientes a la Dirección General de Carreteras. Dentro de estos, se resaltan iniciativas como la construcción de variantes en carreteras nacionales, nuevos tramos, y la modernización y mejoras en infraestructuras existentes, incluyendo mejoras urbanas y accesos a infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos, con menciones específicas a obras en la A-21, la A-66 y la A-7.

De Aldama insinuó, a través de anotaciones manuales en los documentos, presuntos nexos entre las adjudicaciones y figuras como Ábalos o su exasesor Koldo García, aunque no pudo confirmarlo con certeza. Así mismo, sugirió que ciertos contratos ya estaban destinados a empresas específicas, algo que desde el Departamento de Transportes se ha interpretado como un malentendido, aclarando que lo señalado en rosa respondía a una forma de organizar el documento para su mejor comprensión y no a preadjudicaciones indebidas.

Diligencia en la revisión de expedientes

En la revisión preliminar, se ha trabajado meticulosamente para entender la información disponible en los expedientes de cada proyecto, identificar a los agentes responsables de su tramitación y verificar la ausencia de discrepancias o malas prácticas en el proceso, reflejando también el estado actual de cada contrato, incluyendo posibles modificaciones.

De las 39 obras señaladas por el empresario, 21 ya han sido sujetas a proceso de licitación en diferentes etapas del Ministerio, distribuidas en la gestión de distintos ministros, con seis bajo la gestión de José Luis Ábalos; once con Raquel Sánchez; tres durante el mandato de Iñigo de la Serna y una adjudicada bajo Ana Pastor, evidenciando una continuidad en las prácticas de asignación a lo largo de diferentes administraciones. Entre los proyectos mencionados, sorprende que 17 aún no hayan sido objeto de contrato, y uno corresponde a una concesión de autovía otorgada en 2005.

Tras una exhaustiva revisión de los 21 expedientes de contratación mencionados, la conclusión es inequívoca: no se ha detectado ninguna irregularidad ni en la concesión inicial ni en las modificaciones posteriores de los contratos, validando los procedimientos y controles instaurados por el ministerio para garantizar la transparencia y corrección en la adjudicación y gestión de obras públicas.

Informe complementario de ADIF

En un movimiento paralelo, ADIF ha presentado su propio informe en el que también descarta cualquier indicio de irregularidad en la adjudicación de los contratos marcados por De Aldama. Este análisis, solicitado específicamente por el Ministerio de Transportes tras las acusaciones ventiladas en medios de comunicación, examinó en detalle 373 contratos, reafirmando la integridad del proceso de adjudicación.

El testimonio de De Aldama, entregado el 4 de diciembre en un dossier de 39 páginas junto con sus anexos al TS, mencionaba un supuesto esquema de reparto de comisiones a funcionarios públicos y asignaciones territoriales preferentes en la adjudicación de obra pública, mayormente beneficiando a tres empresas vinculadas con Koldo García. Entre ellas se cuentan Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áfridos Anfersa y Levantina, Ingeniería y Construcción.