La mayoría del Pleno del Congreso ha dado luz verde a la eliminación definitiva del artículo que regula el impuesto temporal a las compañías del sector energético, finalizando así su extensión, que se mantenía desde 2023.
La iniciativa provino de una modificación fiscal impulsada por el PP en el Senado, aprovechando su mayoría. Este cambio ha conseguido ahora el respaldo en el Congreso gracias al voto favorable de Junts y el PNV, quienes han decidido dejar de apoyar la prórroga de este impuesto.
Esta decisión implica que se elimina el artículo dentro de la ley que había instaurado tanto el gravamen energético como el impuesto temporal a grandes fortunas, además del correspondiente a entidades bancarias y financieras.
Aitor Esteban del PNV y Miriam Nogueras de Junts, han declarado su oposición a seguir con esta carga fiscal debido a los posibles efectos negativos en las inversiones del sector energético. El PNV argumenta que la estructura actual del gravamen, al no considerarse un tributo, impide su recaudación por parte de las haciendas forales.
Este movimiento conlleva la imposibilidad de cumplir con el acuerdo previsto con ERC, Bildu, y BNG para extender el impuesto. Sin embargo, el Ejecutivo pretende aprovechar la última sesión del Consejo de Ministros del año para promulgar un decreto ley que habilite su implementación antes de que la abolición del artículo se oficialice en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Anticipación de Contratiempos
El Ministerio de Hacienda y sus negociaciones con ERC, Bildu, y BNG ya contemplaban la posibilidad de que PNV y Junts se aliaran con el PP y Vox para derogar el impuesto energético y obstruir así su prórroga. Oskar Matute, de EH Bildu, afirmó que este desenlace era considerado.
En respuesta, se acordó emitir un decreto de prórroga en el último Consejo de Ministros del año, asegurando su vigencia antes de la eliminación del gravamen. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, confirmó la futura aprobación de este decreto para cumplir con los compromisos adquiridos.
Asegurarse la continuidad del impuesto requiere de su presentación ante el Pleno del Congreso dentro de los 30 días siguientes para su validación, enfrentando la incertidumbre del apoyo del Gobierno por la oposición de PNV y Junts.
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El Ministerio de Hacienda planea, como medida adicional, tramitar este decreto como un proyecto de ley para convertir el gravamen en un impuesto permanente. Esta estrategia busca ganar el apoyo de Podemos, crítico con la naturaleza temporal del impuesto, y del PNV, que no se opone a un impuesto gestionado por las haciendas forales de Vascos y Navarra.