Censura a la legislación del PSOE
Varias organizaciones de jueces han emitido críticas contundentes hacia la propuesta de ley registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Consideran que esta propuesta ‘anula’ la acción popular en los litigios, es ‘inconstitucional’, y parece diseñada para su aplicación ‘en situaciones específicas’.
Opiniones de la APM
María Jesús del Barco, quien preside la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), declaró a Europa Press que la modificación en la función de las acusaciones populares podría estar dirigida a fomentar ‘la impunidad’ en los procedimientos jurídicos actuales. Argumentó que permitir impunidad para ciertos delitos de ciudadanos particulares choca con el principio de igualdad ante la ley.
La presidenta recordó que se está revisando la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales, y que esta nueva propuesta podría integrarse en esa revisión. No obstante, expresó que hay ‘serias incertidumbres sobre su constitucionalidad’, en particular porque podría violar el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la Constitución.
Restricciones a la Acción Popular
Del Barco resalta que las condiciones impuestas al ejercicio de la acción, las cuales exigen un ‘vínculo concreto, relevante y suficiente’ con el interés público del proceso penal, imponen una restricción tan severa que prácticamente la hacen inoperante.
Critica que la normativa elimina el derecho a la acción popular para las organizaciones políticas, remarcando que aunque ha habido un uso imprudente de la misma por todos los partidos contra adversarios políticos, este mecanismo ha sido crucial para conseguir condenas en casos de corrupción política.
En cuanto al cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que introduce una nueva causa de abstención y recusación de magistrados, opina que podría no estar destinada a proteger la independencia del juez, sino a servir otros propósitos distintos, como actuar ante declaraciones en temas sensibles como la ley de amnistía.
Perspectiva de la AJFV
Según Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la propuesta legislativa del PSOE representa un empleo de ‘la peor técnica legislativa’, ya que debería ser aplicable de manera general y no dirigida a casos específicos. También recalca que la disposición transitoria podría influir sobre personas involucradas en juicios en curso, lo que infringe el principio de no legislar con efecto retroactivo.
Oliva también considera un ‘grave error’ la exclusión de asociaciones judiciales de la acción popular ya que podría violar la protección constitucional prevista en el artículo 127 de la Constitución Española. Además, critica la enmienda de la LOPJ que afecta la imparcialidad percibida de los jueces, subrayando que esta desconfianza constante socava la confianza pública en el Estado de Derecho.
Insiste en que el sistema vigente ya incluye suficientes mecanismos para garantizar independencia, como la abstención y recusación de jueces, que funcionan adecuadamente en los tribunales actuales.
Reflexiones de JJpD
Para Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), resulta inapropiado incluir la regulación de la acusación popular en esta propuesta de ley, ya que debería ser parte de la reforma completa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, considera desafortunado restringir el acceso de partidos políticos a la acusación popular durante la instrucción, limitándolo solo al juicio oral.
Rodríguez defiende el derecho de los jueces a expresar opiniones de manera prudente para no comprometer su imagen de imparcialidad, mientras que apoya la eliminación del delito de ofensas contra sentimientos religiosos por entender que favorece la ‘plena libertad de expresión’.
Opiniones del FJI
Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), indicó que los excesos en el uso de la acción popular por partidos políticos justifican desde hace mucho una limitación en su aplicación. A pesar de ello, al manifestarse sobre rechazar querellas basadas en recortes de prensa, opinó que el proceso actual ya cubre esta necesidad, siendo innecesario introducir redundancias.
Portillo expresó reservas sobre la modificación de la LOPJ que prevé recusaciones de jueces por motivos relacionados con la expresión personal, alertando que esto introduce factores subjetivos, alejándose del enfoque sobre las relaciones del juez con la cuestión o las partes en el juicio.