El dirigente de la Diputación de Málaga y responsable de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha calificado de «un sinsentido» la reciente normativa del Gobierno sobre los impuestos aplicados a la compra de propiedades en España por extranjeros no comunitarios que no residan en el país, describiéndola como una «decisión ideológica». Según su opinión, se deberían implementar acciones «serias» como ofrecer asistencias directas.

Análisis de la medida

Salado comparó la situación afirmando: «Es como si alguien tiene dificultad para adquirir un coche y digo, para que la gente pueda comprarse un Seat Ibiza, aumentaré el impuesto a los Ferraris en un 200%. Eso no tiene sentido porque son públicos diferentes. Yo nunca podré comprar un Ferrari, entonces si quieren que compre un auto, deben subvencionar las marcas más accesibles». Cuestionado durante una conferencia de prensa sobre el impacto de esta normativa en la Costa del Sol, aseguró que «será perjudicial».

Impacto económico y soluciones propuestas

Para Salado, la problemática de acceso a la vivienda para las clases media y baja no se soluciona gravando a quienes pueden pagar propiedades de 800,000 euros o más, ya que es un mercado diferente. Subrayó que el Gobierno debería intervenir en el sector de las viviendas cuyo costo ronda entre 180,000 y 250,000 euros, para hacerlas más accesibles y considerar las viviendas de protección oficial.

Fomento de oportunidades de crecimiento económico

El responsable político comentó que las barreras propuestas podrían desviar inversiones que generan empleo y desarrollan el sector de la construcción hacia otras ubicaciones. Aseguró que estas acciones son puramente ideológicas, destacando que «atacar a las personas con alto poder adquisitivo no soluciona los problemas de los menos favorecidos o de la clase media».

Salado sugirió que el Gobierno debería enfocar su atención en políticas tangibles, como proporcionar ayudas directas para facilitar la compra de viviendas a familias de ingresos medios. Propuso también que, para los alquileres, se deberían ofrecer incentivos a los promotores, vinculados a reducciones en los precios de renta.

Entre otras recomendaciones, mencionó la reducción del IVA sobre la compra de viviendas para que los costos disminuyan, y la reintroducción de herramientas financieras que faciliten el ahorro familiar dedicado a la compra de una vivienda. Según él, se deberían destinar más recursos públicos a la construcción de viviendas sociales.

El presidente manifestó que las medidas actuales del Gobierno «no resolverán nada» y únicamente generan incertidumbre e inseguridad jurídica, afectando negativamente al sector constructivo, ya que incluso los medios británicos, que representan un mercado crucial, comienzan a difundir noticias desfavorables.

Salado concluyó que estas políticas son como «matar moscas a cañonazos» y criticó que el Gobierno opte por estas decisiones en lugar de dialogar con promotores y sectores implicados para encontrar soluciones efectivas que disminuyan los precios de las viviendas y colaboren con entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias.