Nuevas Evidencias Buscan Reabrir el Caso
La familia de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes de la Guardia Civil que perdió la vida tras ser embestido por una narcolancha en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, planea solicitar la reapertura del proceso judicial. Esta solicitud se presentará ante la Audiencia Provincial de Cádiz, que anteriormente había archivado el caso en noviembre de 2024. La familia alega que han surgido “nuevos elementos probatorios” que podrían implicar a los superiores que supuestamente autorizaron la operación aquella noche.
Declaraciones del Abogado de la Familia
Miguel Lozano, el abogado que representa a la familia del agente fallecido, confirmó a Europa Press que el recurso fue registrado “el pasado viernes” y que esperan que la Audiencia Provincial lo acepte. Además, está pendiente si el Ministerio Fiscal presentará acusaciones o se opondrá a esta solicitud.
El documento presentado incluye una grabación de audio que no se conocía anteriormente dentro del marco de las investigaciones activas, por lo que se considera necesario introducirla para respaldar la reactivación del caso. Estos presuntos “responsables” habrían ordenado la operación en Barbate que resultó en la fatídica colisión.
Según el abogado, en el proceso anterior, que terminó sin éxito, el Ministerio Fiscal había rechazado la presentación de evidencias como audios argumentando que comprometían el derecho a la privacidad de terceros implicados en las grabaciones. Sin embargo, Lozano expresó su confianza en que esta vez la situación sería diferente debido a la “fuerte presión mediática”.
El archivo de las diligencias tuvo lugar el pasado noviembre, eximiendo de responsabilidad al coronel de la Comandancia en Cádiz y al General de Guardia Civil de Andalucía, quienes fueron señalados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como responsables de la orden que resultó en el trágico incidente del 9 de febrero, donde el embate de una narcolancha contra una zodiac acabó con la vida de dos oficiales.
A través de su cuenta en ‘X’ (antes conocida como Twitter), la asociación que actúa como parte demandante en el caso expresó su “hondo desasosiego” ante el “creciente malestar” dentro del cuerpo, considerando que el reciente auto judicial no esclarece las circunstancias que debían ser investigadas.
En ese momento, la AUGC recalcó la importancia de “reabrir el camino hacia la verdad” y manifestó la necesidad de una investigación “exhaustiva y transparente”.
De los cuatro individuos que se encontraban a bordo de la narcolancha que embistió a la embarcación de la Guardia Civil, tres están actualmente en prisión preventiva, incluyendo a Karim El Baqqali, piloto detenido el 19 de septiembre de 2024. En dicha fecha, se emitieron Órdenes Internacionales de Detención para los otros dos hombres encarcelados y un cuarto tripulante que aún no ha sido ubicado. Todos enfrentan cargos por dos homicidios, cuatro intentos de homicidio, seis ataques a la autoridad, contrabando y pertenencia a un grupo criminal.
Karim El Baqqali fue apresado tras un informe de la Guardia Civil emitido en mayo que descartó la implicación de la lancha “Kiko el Cabra” en el doble homicidio, exonerando a los seis primeros arrestados quienes estaban encarcelados por los mismos hechos. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) concluyó que estos no eran responsables del crimen.
Los seis detenidos habían estado bajo custodia desde febrero de 2023, y ganaron la libertad en julio de 2024 aunque seguían siendo investigados por delitos relacionados con contrabando, pertenencia a organización criminal, desobediencia y resistencia, además de estar sujetos a ciertas medidas cautelares como presentarse cada lunes en el juzgado, la prohibición de salir del país, y la restricción de obtener un nuevo pasaporte.