José Ramón Carmona, secretario general del PP en Málaga, ha manifestado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y sus aliados será recordado como el “defensor de los okupas” debido a su falta de acción contra un asunto clave para resolver la crisis de vivienda. Ha urgido al Ejecutivo a «desbloquear la Ley Antiokupas del PP en el Congreso», con el objetivo de «activar la disponibilidad de hasta 150,000 viviendas vacantes en Málaga».
Impacto de la inseguridad jurídica en el alquiler
Durante una conferencia de prensa, Carmona afirmó que «la inseguridad jurídica que enfrentan los propietarios frente a la okupación provoca una menor oferta de alquileres, y consecuentemente, un incremento en los precios». Criticó al Gobierno por su «desastrosa Ley de Vivienda», argumentando que esta respalda de manera indirecta el aumento de la okupación y la inquiokupación, agregando que desde la llegada de Sánchez a la presidencia, la ocupación ilegal ha crecido un 40% en España.
«En Málaga ya se publicitan como okupadas una de cada cinco viviendas baratas», enfatizó Carmona, refiriéndose a recientes informes que revelan que estos inmuebles no pueden ser visitados, a pesar de contar con contratos de alquiler vigentes y residentes que no pagan.
Propuesta para aumentar la oferta de viviendas
Carmona expresó que este «temor» está llevando a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado de alquiler a largo plazo y recordó que en la provincia hay alrededor de 150.000 viviendas desocupadas, de las cuales 15.000 están en la capital. Declaró que el problema de la vivienda está vinculado a las políticas de Sánchez, que desde 2023 han perjudicado el mercado, reduciendo la oferta y aumentando los costos de alquiler y compra.
Carmona cuestionó al PSOE andaluz por desestimar la propuesta del Gobierno de Juanma Moreno para construir viviendas asequibles, alegando que podría resultar en «un nuevo auge inmobiliario.»
Ley de Vivienda de Andalucía
Carmona destacó que Andalucía está desarrollando la primera Ley de Vivienda a nivel autonómico para mitigar los efectos adversos de la normativa estatal. La Junta está impulsando la construcción y compraventa de propiedades reduciendo la burocracia y ofreciendo incentivos fiscales que han generado ahorros de 300 millones de euros al año, beneficiando a más de 40,000 familias. Además, se extiende el aval joven, ahora disponible para personas de hasta 40 años.
El Gobierno andaluz de Juanma Moreno está promoviendo en la provincia más de 3,000 viviendas asequibles, que se suman a otras 3,000 impulsadas por el Ayuntamiento de la capital, destacándose así como la ciudad con mayor inversión en vivienda pública per cápita en España.
Carmona mencionó que, a nivel nacional, el presidente Feijóo ha respaldado la primera Ley de Lucha contra la Ocupación Ilegal, con la convicción de que resolver este desafío reduciría las tensiones en el mercado. Criticó que, aunque la ley fue ratificada en el Senado, Sánchez sigue bloqueándola en el Congreso.
Esta ley propone el desalojo de okupas en 24 horas, priorizando el derecho a la propiedad privada y abordando servicios como oficinas antiokupas para asistir a propietarios y comunidades. Las oficinas proporcionarían asesoramiento sobre cómo gestionar estos casos, desde notificar formalmente a los okupas hasta incluir la sospecha de ocupación en los informes policiales.
Por todas estas razones, Carmona exigió al Gobierno de Sánchez «que permita el avance de la Ley Antiokupas del PP en el Congreso», criticando que las políticas del Ejecutivo han alentado un alza del 40% en la okupación. Señaló que Cataluña lidera en índices de ocupación debido a la gestión de gobiernos independentistas, el PSOE y los Comunes. Para el PSOE, este no es un problema real, según Carmona, quien concluyó que a mayor okupación, mayor inseguridad jurídica y menor oferta de alquileres, lo cual encarece el mercado.