Preocupación de Grupos Judiciales por la Nueva Propuesta de Ley

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) junto al Foro Judicial Independiente (FJI) han comunicado conjuntamente su inquietud ante la reciente propuesta de ley introducida por el PSOE en el Congreso. Este planteamiento legislativo busca, entre otras medidas, restringir la acción popular, lo que permitiría a «gobiernos de cualquier índole» sortear el control judicial.

La propuesta plantea limitar la acción popular, prohibiendo su uso por partidos políticos y asociaciones profesionales, y excluyendo a las acusaciones populares de la fase investigativa. Además, establece nuevas razones para la recusación y abstención de jueces si han expresado opiniones políticas; impide iniciar procesos judiciales basados únicamente en reportajes periodísticos; y elimina el delito de ofensa a sentimientos religiosos.

Peligros Potenciales para el Equilibrio Judicial

AJFV y FJI han subrayado que, aunque han manifestado repetidamente su «preocupación» por el «uso instrumental» de la acción pública por diferentes gobiernos, este derecho está avalado por el artículo 125 de la Constitución como un «derecho ciudadano» para interponer acusaciones independientes del Ministerio Público y de las víctimas.

Opinan que «la pretendida restricción a la acción popular conlleva el riesgo de que ciertos acontecimientos queden fuera del escrutinio de los tribunales». Particularmente, advierten que «gobiernos de distinta naturaleza podrían beneficiarse de la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la restricción de la acción popular para crear espacios de impunidad y esquivar el control ejercido por los jueces y magistrados del Poder Judicial».

También señalan que «la imposibilidad de que asociaciones de jueces puedan recurrir a la acción popular implicaría una limitación injustificada en su función de defensa de la independencia judicial y derechos profesionales, así como en su papel en la promoción y protección del Estado de Derecho».

Mecanismos Legales Existentes y Propuestas Alternativas

AJFV y FJI destacan que «el marco legal vigente ya posee herramientas adecuadas para castigar los abusos legales, en general, y las denuncias infundadas, en particular». Por lo tanto, si se desea acabar con la «pena de banquillo», se debería dotar a los juzgados de recursos adecuados para que los procedimientos (en particular, los penales) puedan concluirse en tiempos razonables.

Recuerdan que los procedimientos criminales terminan con una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, basada en hechos probados y respetando la presunción de inocencia, sin importar quien inicia la acusación popular.

En cuanto a la causa de abstención y recusación de jueces, señalan que los magistrados ya tienen prohibido participar en ciertas actividades políticas, por lo que creen que impedir que las declaraciones públicas de un juez influyan en su capacidad para abordar ciertos casos restringe el derecho a la libertad de expresión, ya de por sí restringido por la ley.

Sostienen que, si el objetivo es proteger principios como la independencia y transparencia en la justicia, lo mejor sería reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que actualmente obliga a los candidatos a someterse al escrutinio político.

Advertencias sobre las Consecuencias

Las asociaciones judiciales, incluyendo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), se oponen a esta propuesta de ley. Han notado que varios partidos políticos, incluso estando en el poder, han mostrado cautela ante la figura de la acusación popular.

Ante esta situación, han solicitado reuniones urgentes con los partidos en el Parlamento para discutir las serias implicaciones que la aprobación de esta ley podría tener para el Estado de Derecho.

Finalmente, las asociaciones firmantes declaran que, respetando la actividad legislativa y la separación de poderes y en cumplimiento de su deber de defender los valores constitucionales, deben alertar a la ciudadanía sobre las severas repercusiones que conllevaría la limitada aplicación de la acción popular, un derecho contemplado en la Constitución, mientras se restringe el papel del Poder Judicial.