Mar. Feb 25th, 2025
    El Supremo confirma que el correo sobre la pareja de Ayuso fue remitido a la Fiscalía y llegó a la Presidencia del Gobierno

    Correo electrónico circuló desde la Fiscalía a la Presidencia

    La investigación en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un posible filtrado relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, revela que el correo electrónico cuestionado salió de la Fiscalía y llegó a la Presidencia del Gobierno. Desde ahí, se gestionó su difusión, finalmente apareciendo en el medio elplural.com.

    Detalles del caso y citaciones judiciales

    El magistrado Ángel Hurtado, en su escrito, señala que el correo fechado el 2 de febrero de 2024, con origen en la Fiscalía General del Estado, terminó en la Presidencia del Gobierno antes de ser filtrado a los medios. El juez ha llamado a testificar a varias personas implicadas, como Pilar Rodríguez de la Fiscalía Provincial de Madrid y Diego Villafañe, de la Secretaría Técnica de la FGE, para finales de enero y principios de febrero.

    Uso político del correo en el pleno de la Asamblea de Madrid

    Una vez que el correo llegó a Presidencia, fue compartido con Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. El objetivo era utilizarlo políticamente en una intervención pautada para el 14 de marzo. Lobato expresó sus dudas sobre la publicación, temiendo que la procedencia del correo pudiera apuntar a la Fiscalía.

    La correspondencia, que incluía negociaciones del abogado de González Amador con Julián Salto, fiscal encargado del caso, fue revelada por varios medios el 13 de marzo, contradiciendo la oferta inicial de pactos que la defensa había propuesto.

    Conexiones y gestiones en Moncloa

    Juan Lobato presentó previamente un acta notarial declarando los intercambios mantenidos el 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, asesora en Moncloa. Dichos mensajes evidenciaron la intención de usar el correo durante una sesión en la Asamblea para criticar a Díaz Ayuso.

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    El informe de la UCO confirmó que Lobato y otras figuras relevantes, como Francesc Vallés y Ion Antolín, estaban informadas del contenido antes de que éste fuese públicamente revelado.

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