Investigación del Tribunal Supremo al Fiscal General
El juez del Tribunal Supremo encargado de la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso por posible divulgación indebida, ha solicitado al área de tecnología de la Fiscalía detalles sobre si se formatearon los móviles usados por García Ortiz. Además, ha solicitado la normativa interna que justifica la ausencia total de mensajes en los dispositivos móviles del fiscal cuando la Guardia Civil realizó su revisión.
Nuevas diligencias en la investigación
Según el auto recogido por Europa Press, se han ordenado dos procedimientos adicionales. Estos están dirigidos al departamento informático de Fiscalía y al encargado de la protección de datos de la institución, en el contexto de la causa que incluye a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Esta investigación deriva de una denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Delimitaciones en la investigación
El magistrado Ángel Hurtado, al resolver sobre las nuevas diligencias, ha descartado que la investigación actual incluya un delito de prevaricación administrativa, debido a que aún está en fase inicial y no permite avanzar más allá que el presunto delito de revelación de secretos. Igualmente, ha decidido no llamar a declarar a Pilar Sánchez Acera, una asesora vinculada con Moncloa, ni a otros implicados que habrían tenido conocimiento del correo electrónico antes de que se filtrara a los medios de comunicación.
Solicitudes al departamento de informática
Hurtado ha instruido al departamento informático del Ministerio Público sobre la frecuencia con la que García Ortiz ha cambiado sus dispositivos móviles. También ha solicitado que se remitan los dispositivos desde el 7 de marzo de 2024 y que se informe sobre si se ha formateado alguno de los dispositivos previos, incluyendo los datos de quién y cuándo se llevó a cabo la operación, y con qué software.
Otras Ponderaciones del Tribunal
En la misma resolución, se negó la solicitud de la pareja de Díaz Ayuso para examinar las comunicaciones de tres periodistas que ya testificaron, subrayando la importancia de proteger las fuentes de información y el secreto profesional periodístico.
Adicionalmente, se rechazó la petición de González Amador de obtener información de la Fiscalía de Madrid sobre el nombramiento del fiscal en las diligencias respecto a Begoña Gómez, pues no se percibe relación con el caso actual.
En relación a las comunicaciones entre García Ortiz y Rodríguez con el fiscal técnico Diego Villafañe, el tribunal ha decidido no proceder de momento, aunque no descarta futuras acciones según evolucione la investigación.
Finalmente, también se ha decidido no ampliar la revisión de las conversaciones de David del Campo con otros responsables, a menos que sea crucial para el desarrollo del caso.