Operación contra la pesca ilegal liderada por la Guardia Civil
La Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ha realizado la operación conocida como ‘Galete’, que ha logrado desmantelar un grupo delictivo dedicado a la pesca ilegal de atún rojo.
Implicaciones legales y advertencias de salud
En esta operación, se ha investigado a ocho personas por posibles delitos relacionados con la fauna, la salud pública, el mercado y los consumidores, así como por su participación en una organización criminal, según un comunicado emitido por la Guardia Civil.
El grupo operaba en las aguas de Málaga capital y vendía posteriormente las capturas de atún mediante documentación falsa, utilizando una empresa mayorista de pescado congelado en Málaga y varios restaurantes ubicados en Marbella. Expertos en el sector pesquero alertaron a las autoridades sobre estas actividades ilegales, que se realizaban a pesar de la prohibición durante la temporada de veda.
Amenazas al bienestar del consumidor y al ecosistema
Durante el curso de la investigación, se identificaron 16 atunes rojos capturados ilegalmente, con pesos que iban de 70 a más de 200 kilogramos. Estas actividades no solo afectan el ecosistema, sino que también representan un peligro para los consumidores debido a la falta de controles sanitarios adecuados. Las autoridades han indicado que las condiciones de transporte eran inadecuadas y que algunos atunes presentaban condiciones que se consideran un “riesgo grave e inminente para la salud pública”, con posibilidad de causar intoxicaciones serias.
Además, se descubrió que los establecimientos implicados conocían el origen ilegal de los atunes, pero manipulaban su procedencia para obtener grandes ganancias, aprovechando su negocio como fachada para blanquear los productos.
En el operativo, se incautaron dos embarcaciones de recreo, dos vehículos, cinco cañas profesionales con carretes específicos, dos sondas, dos bicheros, cebos, anzuelos, hilos de pesca y más, todos puestos a disposición judicial.
La investigación contó con el apoyo de la Comisión de Salud Pública del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, los Servicios de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación del Aula del Mar de Málaga y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuyos informes periciales respaldan los delitos acusados. La instrucción del caso está a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.