Críticas al Gobierno por Nuevas Exigencias Fiscales
Los diputados nacionales del Partido Popular en Málaga, Mario Cortés y Gema Pérez, han criticado duramente al Gobierno de España. Los acusan de implementar un enfoque impositivo sin límites, al obligar a más de 100.000 residentes de Málaga que reciben prestaciones por desempleo o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a presentar la declaración del IRPF, algo de lo cual estos grupos estaban exentos hasta ahora.
Impacto en Desempleados y Receptores del Salario Mínimo
En este contexto, Pérez ha censurado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la primera vicepresidenta, María Jesús Montero, por ajustar las políticas fiscales en perjuicio de los menos favorecidos económicamente. Destacó que es la primera vez en la historia del país que se requiere a los desempleados que reciben prestaciones y a los trabajadores con salario mínimo a cumplir obligaciones tributarias.
Gema Pérez ha subrayado que bajo el mandato del Gobierno de Sánchez se han incrementado los impuestos y cotizaciones en 93 ocasiones, con doce incrementos ya implementados en lo que va del año 2025. Señaló que a partir de la campaña de la renta de 2024, que debe presentarse este año, todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo tendrán que declarar el IRPF, sin importar la cantidad recibida.
Por otro lado, ha expresado la creciente preocupación entre los desempleados respecto a este nuevo requisito, advirtiendo que la no presentación de la declaración puede llevar a la suspensión del derecho a recibir las prestaciones por desempleo y limitar el acceso a beneficios fiscales.
También, Pérez ha puesto en evidencia la contradicción entre el incremento del salario mínimo promovido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la resistencia del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, a ajustar el impuesto a las nuevas cifras salariales. Esto fuerza a los trabajadores que cobran el SMI a tributar por primera vez.
Finalmente, la diputada Pérez concluyó que esta medida supone un nuevo ataque del Gobierno a las clases medias y trabajadoras, grupos sobre los que Sánchez y Montero prometieron no aumentar los impuestos.
En conclusión, la representante popular ha destacado que las familias y pequeñas y medianas empresas enfrentan un desafío inédito en la cuesta de enero más complicada de la historia reciente, debido a la “voracidad fiscal” del Gobierno central y la falta de “acciones contundentes” para mitigar la inflación acumulada.